Pureza política

La pureza, entendida como la ausencia de imperfecciones que minen la idoneidad o capacidad de una persona para ocupar un cargo, participar en una actividad determinada o formar parte de un grupo social, es un curioso Leitmotiv de la humanidad que surge en los tiempos más remotos, quizás desde que ésta existe, y llega hasta nuestros días.

A los españoles ya nos tuvo bastante obsesionados en los siglos XVI y XVII poder demostrarla en relación a la sangre, empeño similar al que hace unas décadas empujó a Himmler a redactar un impecable informe genealógico que demostraba a través de 350 antepasados la pureza de su sangre aria a lo largo de cuatro centurias, y, más recientemente, al de Arzalluz en exaltar el Rh negativo.

Pero no es todo cuestión de sangre, al menos de la sangre propia. Así nos lo cuentan Berlanga y Azcona en la comedia negra del cine español, El verdugo, donde al forzado aspirante a ajusticiador se le exigen sendos certificados de buena conducta, el de la Guardia Civil y el del párroco, que rápidamente emergen del bolsillo cuasi infinito de la americana de un inconmensurable José Isbert. De igual forma, ya en la actualidad, se sigue requiriendo un certificado de antecedentes penales inmaculado para poder ocupar determinados puestos laborales.

Tal es la importancia de la pureza que hasta en las religiones, amén de ser una meta y un atributo de la santidad, resulta un requerimiento imprescindible un mínimo de ella para poder participar de pleno en las celebraciones litúrgicas correspondientes. Para tal fin, el de alcanzar ese mínimo, aparecen ritos de purificación preparatorios que hacen acto de presencia tanto en las ceremonias carácter ordinario como en las de iniciación en la fe o en aquellas que sirven para que los fieles accedan al siguiente peldaño de la escala espiritual o de la jerarquía interna.

Y esta pureza, repetimos, entendida como la ausencia de imperfecciones que minen la idoneidad o capacidad de una persona para ocupar un cargo, participar en una actividad determinada o formar parte de un grupo social, también es exigida a los gobernantes. Pero no sólo poseerla o que se le pueda atribuir, no; además, no debe quedar ningún resquicio de duda de que se cumple este condicionante, sencillamente porque una de las funciones de los gobernantes es representar de forma oficial a los gobernados y, de este modo, cualquier atisbo de mala conducta en los primeros resulta un oprobio que se proyecta directamente sobre los representados.

Por ello, en el momento en que algún político da sobradas muestras de actuar de un modo sospechoso, cuando no malicioso, queda incapacitado para ejercer la función pública, debiendo abandonar el cargo de forma inmediata. Y, llegados a este punto, mucho cuidado con la forma de dimitir: se vuelve a faltar al respeto de los representados cuando se elude la autocrítica y cuando se argumenta que la dimisión no es más que un sacrificio personal por el partido y por el presidente del mismo en pos de un hipotético mejor resultado electoral en los próximos comicios.

En cualquier caso, lo que está claro es que no debe hacerse de la necesidad virtud: cuando la dimisión es la única salida, optar por ésta no honra, tan sólo deja de deshonrar, y no hay motivos para elogiar a nadie por ello.