14 de octubre de 2011

Preguntas sin resolver

Resulta más frecuente de lo deseable que nuestros muy estimados representantes políticos se empecinen en modificar los parámetros de medición de algunos conmensurables relativos a los servicios que prestan las administraciones públicas para, de esta forma, poder mostrar multitud de gráficos de barras o de sectores con los que intentan justificar lo buenas que han sido sus gestiones ante los que, precisamente en función de la nota que pongamos a éstas –sí, es mucho suponer–, elegiremos en las urnas entre lo malo conocido y lo bueno por conocer.

En este sentido, todos recordamos cómo cierta lideresa popular consiguió reducir drásticamente el tiempo de espera para ser sometido a una intervención quirúrgica en los hospitales públicos de su comunidad poniendo en marcha el cronómetro cuando el paciente en cuestión se sometía al estudio preoperatorio y no cuando el especialista determinaba que, efectivamente, era necesario el paso por el quirófano. Tampoco fue manco el discutido y discutible socialista que decidió que los parados inscritos en los cursos subvencionados que ofrecían los sindicatos –perdón por la redundancia– no debían ser contabilizados como desempleados debido a que el atributo más destacable en ellos, siendo suficiente para definirlos, era el de personas en formación.

Esa larga lista de casos de la que hemos rescatado dos de los más sonados se amplía nuevamente, en esta ocasión por obra y gracia de Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, tras anunciar una serie de iniciativas con las que se propone reducir la duración de los trámites administrativos para la concesión de las licencias municipales de apertura de negocios. En los antecedentes del caso encontramos el funcionamiento desastroso del proceso burocrático, con la friolera de 3214 expedientes pendientes de tramitación, algunos de ellos iniciados en el año 2004, algo que hacía imprescindible un gran esfuerzo por poner orden y agilizar el sistema; y así lo ha entendido el alcalde, quien, además, cree fervientemente que la proliferación de comercios locales y toda la ayuda pública posible que a éstos se destine acabará reduciendo el paro –algo difícil de entender cuando vemos en el día a día que cada vez hay más gente que gasta lo justo; quienes aún tienen la suerte de poder llegar a ese lo justo, naturalmente–. Ante este panorama, Zoido se ha comprometido a reducir el tiempo de tramitación de las licencias de apertura a quince días.

¿Por qué merece incorporarse a la lista esta sesión de maquillaje que llega de manos de Zoido? Pues por la sencilla razón de que sólo se iniciarán los trámites de concesión de licencias una vez que el interesado haya presentado, además de toda la documentación ordinaria requerida hasta ahora, una declaración de responsabilidad avalada por los colegios profesionales que correspondan. Dicho de otra manera: porque las inspecciones de los locales que realizaban los técnicos municipales quedan excluidas en el nuevo proceso, limitándose éste a poco más que a tener los papeles rodando por las oficinas del ayuntamiento hasta que alguien les plante el sello, la firma y el visto bueno. Así, lógicamente, es fácil comprometerse a expedir las licencias en dos semanas.

Pero lo peor en este caso no es la operación de maquillaje en sí. Lo peor es la serie de interrogantes de difícil respuesta que inevitablemente hay que plantearse: ¿Cuál será la nueva situación laboral de los técnicos municipales que hasta el momento venían realizando las inspecciones? ¿Se va a tardar menos tiempo en abrir un negocio sólo por el hecho de que las inspecciones ya no dependan del ayuntamiento? ¿Facilita las cosas al empresario obligarle a acudir a varias entidades para una tramitación para la que antes bastaba sólo una? ¿Podría ocurrir que los colegios profesionales que tomen en serio su cometido introdujeran algún tipo de tasa con la que sufragar el trabajo de sus inspectores, suponiendo al final más gasto para el interesado? ¿Cabe la posibilidad de que en alguno de estos colegios piensen que entre bomberos no van a estar pisándose la manguera y que, de esta forma, las inspecciones se conviertan en un coladero, con el riesgo que ello supone?

Circumspictios

  1. Al final todos los políticos piensan igual y persiguen los mismos objetivos sean del color que sean y militen en el bando que militen.
    Acertados pensamientos los expuestos.
    Saludos

    ResponderSuprimir
  2. Al final saldrá más caro, el que quiera abrir su negocio lo antes posible, tendrá que poner la pasta y "milagrosamente" tendrá los papeles en 24 horas. No nos olvidemos nunca de que la empresa privada funciona única y exclusivamente por el beneficio que pueda sacar por eso su criterio de funcionamiento es la eficiencia por encima de todo, la empresa pública prioriza el bien común.

    ResponderSuprimir
  3. pues si, con cosas como esta me reafirmo en la idea de que no nos merecemos los políticos que tenemos, sean del color que sean. Y lo digo en el sentido más literal de la frase...

    saludos!

    ResponderSuprimir
  4. Beuno, el outsorcing es una manera de ahorrar dinero, dicen. Pero no se yo si es la respuesta ideal a largo plazo.

    ResponderSuprimir